La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó este martes, con 37 votos a favor, la iniciativa presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum para reformar la Constitución y fortalecer el combate al delito de extorsión.

La propuesta será discutida en el Pleno a partir del próximo periodo ordinario de sesiones, que inicia el 1 de septiembre. De aprobarse, el Congreso de la Unión tendrá un plazo máximo de 180 días para expedir una ley general que unifique el tipo penal de extorsión, defina sus agravantes, delitos vinculados y sanciones, y establezca mecanismos de atención para víctimas, ofendidos y testigos.

Durante la sesión, legisladores coincidieron en que la extorsión representa un delito de alto impacto que ha evolucionado con el uso de nuevas tecnologías, lo que ha dado lugar a modalidades como el cobro de piso o las extorsiones a distancia. Aunque está tipificada en el Código Penal Federal desde 1984, señalaron que la legislación actual resulta insuficiente.

La iniciativa incorpora propuestas previas de los diputados Héctor Saúl Téllez (PAN) y Ricardo Monreal (Morena), y fue respaldada por todos los integrantes de la Comisión. El dictamen destacó que la propuesta es "oportuna, necesaria y está debidamente fundada y motivada".

En el debate, el diputado Leonel Godoy (Morena) advirtió que uno de los principales retos será definir la carga probatoria del delito, el cual deberá ser perseguido de oficio. Por su parte, la diputada Clara Cárdenas Galván (Morena) informó que en el primer trimestre de 2025 se registraron 5,887 víctimas de extorsión, lo que representa un incremento del 87% respecto a hace diez años.

Finalmente, el diputado Rubén Moreira (PRI) llamó a construir una ley secundaria integral que incluya las opiniones de gobiernos estatales, fiscales, expertos y legisladores, ya que la extorsión afecta a gran parte del país sin limitarse a una sola región.