El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, enfrenta un nuevo obstáculo que reduce las posibilidades de obtener su libertad en abril, mes en que concluiría su condena de nueve años por lavado de dinero y asociación delictuosa.

El juez de control Gustavo Aquiles Villaseñor dictó prisión preventiva justificada al expriísta en un caso por presunto peculado, vinculado al desvío de cinco millones de pesos de un fondo destinado a personas vulnerables en 2012.

Durante una audiencia de más de seis horas y media en el Centro de Justicia Penal Federal, ubicado en el Reclusorio Norte, la Fiscalía General de la República acusó a Duarte de Ochoa de manipular recursos federales y estatales, mezclándolos en un esquema conocido como la “licuadora” para desviar fondos destinados al pago de sueldos, pensiones y proveedores hacia cuentas privadas.

Ante la acusación, la defensa del exmandatario solicitó ampliar el plazo constitucional para presentar su argumentación, por lo que será hasta el próximo miércoles cuando el juez Villaseñor determine si Duarte de Ochoa será vinculado a proceso por peculado, delito que contempla penas de dos a 14 años de prisión.

Este nuevo proceso mantiene a Duarte de Ochoa bajo un intenso escrutinio judicial y retrasa cualquier posibilidad de salir del reclusorio en los próximos meses.