La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció que impulsará un “Plan B” de reforma electoral luego de que la iniciativa original fuera rechazada en la Cámara de Diputados.
La propuesta busca principalmente reducir gastos en los congresos locales y en los ayuntamientos, además de disminuir el número de regidores en distintos municipios del país.
El llamado “Plan B” tiene como eje principal disminuir los recursos públicos destinados a estructuras políticas, con la idea de que ese dinero pueda utilizarse en obras y servicios para la población.
Entre las principales propuestas se encuentran:
Establecer un tope al presupuesto de los congresos locales.
Reducir el número de regidores en los ayuntamientos.
Disminuir privilegios en gobiernos municipales y legislativos.
Fortalecer los mecanismos de consulta popular y participación ciudadana.
Durante su exposición, la mandataria federal cuestionó el número de regidores que existen en algunos ayuntamientos.
Como ejemplo mencionó a Puebla, cuyo cabildo cuenta con 23 regidores, cifra que consideró elevada para el funcionamiento de un municipio.
“¿Ustedes creen que sean necesarios tantos regidores?”, planteó la presidenta al referirse a los ayuntamientos con más integrantes.
De acuerdo con los datos expuestos, Monterrey tiene 28 regidores, colocándose incluso por encima del municipio poblano. También señaló que en algunas demarcaciones existen hasta tres síndicos, lo que a su juicio incrementa el gasto público.
Durante la explicación del gasto legislativo, la presidenta presentó ejemplos de estados donde el costo por diputado es considerablemente alto.
Uno de ellos es Baja California, donde el costo anual por legislador alcanza los 34.8 millones de pesos, mientras que en Morelos la cifra es de 31.8 millones de pesos por diputado.
Sheinbaum señaló que estas diferencias generan cuestionamientos sobre el uso del presupuesto en los congresos locales.
En el caso de Puebla, el estado aparece en cuarto lugar nacional en gasto por legislador, con 7 millones 652 mil 970 pesos anuales por cada uno de los diputados locales.
La presidenta aclaró que este monto no corresponde al salario de los legisladores, ya que incluye el pago a trabajadores del Poder Legislativo, mantenimiento de instalaciones y otros gastos administrativos.
Finalmente, la mandataria insistió en que el objetivo de la reforma es reducir gastos que considera excesivos en la política y redirigir esos recursos a áreas prioritarias como infraestructura, agua potable, servicios municipales, educación y salud.
El debate sobre los cambios al sistema electoral y al gasto público, aseguró, continuará en los próximos meses.
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