La diputada Susana del Carmen Riestra Piña presentó una iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley para la Prevención Social y Comunitaria de la Violencia y la Delincuencia del Estado de Puebla, con el objetivo de fortalecer el modelo preventivo en entornos educativos.
En la iniciativa de la legisladora se establece que, en el ámbito educativo, la prevención tendrá por objeto fortalecer la protección y reducir los factores de riesgo asociados a la violencia y la delincuencia dentro de los espacios escolares.
Lo anterior, mediante la promoción de la convivencia pacífica, la cultura de paz, la legalidad y el respeto a los derechos humanos; el desarrollo de programas de prevención de la violencia escolar, acoso escolar, violencia digital, adicciones y demás conductas que afecten la convivencia escolar; y la detección temprana y canalización oportuna de factores de riesgo que puedan afectar el desarrollo integral de niñas, niños, adolescentes y jóvenes.
Además, la participación de madres, padres de familia, personas tutoras, personal docente y directivo en acciones preventivas; la coordinación entre las autoridades educativas, de seguridad pública, salud, bienestar y demás instancias competentes para la implementación de estrategias integrales de prevención; y la promoción de mecanismos de atención psicosocial y acompañamiento especializado para la comunidad escolar.
Como parte de la iniciativa, se propone la participación de profesionistas especializados en criminología, victimología, psicología, pedagogía y disciplinas afines para el diseño, implementación, seguimiento y evaluación de programas preventivos y de atención de conductas que afecten la convivencia escolar, de conformidad con la disponibilidad presupuestaria y la normatividad aplicable.
De la misma forma, se establece que la Comisión Estatal de Prevención tendrá como atribución promover la coordinación interinstitucional para el diseño, implementación y evaluación de estrategias de prevención de la violencia y la delincuencia en los entornos educativos.
Finalmente, el Programa Estatal deberá contemplar el diagnóstico de factores de riesgo, violencia y convivencia en los entornos educativos, así como las estrategias de intervención correspondientes.
