El subsecretario de Desarrollo Político, Rodolfo Huerta Espinosa, sostuvo un acercamiento con familiares de personas privadas de la libertad en el penal de San Miguel, quienes exigen la intervención de las autoridades ante presuntos cobros ilegales y extorsiones dentro del centro penitenciario.
Durante la protesta, los inconformes acusaron a tres internos, a quienes relacionaron con actividades de la Familia Michoacana, de presuntamente extorsionar a otros reclusos y a sus familiares. También señalaron al director del penal, Jorge Ortiz, por una supuesta complicidad en estas prácticas.
Entre las irregularidades que denunciaron se encuentran cobros de entre 30 mil y 50 mil pesos para permitir que algunos internos sean trasladados a determinadas áreas del penal, así como pagos para acceder a mejores condiciones de descanso y recibir alimentos.
Los familiares aseguraron que incluso deben entregar dinero para que sus seres queridos puedan permanecer en espacios donde tengan condiciones adecuadas para dormir. Además, acusaron que, pese a realizar los pagos, en ocasiones los recursos no se reflejan en los servicios que supuestamente deberían recibir.
Ante estas exigencias, Rodolfo Huerta pidió a los manifestantes integrar una comisión para instalar una mesa de diálogo y escuchar sus denuncias. El funcionario ofreció atender sus planteamientos y buscar una solución a partir de los acuerdos que se establezcan durante la reunión.
Los inconformes advirtieron que no se retirarían hasta obtener una respuesta de las autoridades, principalmente sobre la presunta red de extorsiones y la permanencia del director del penal.
