El domingo 17 de abril los mexicanos despertarán en su último día de vacaciones por Semana Santa, millones de ellos saldrán a las carreteras y autopistas mientras que en la Cámara de Diputados se llevará a cabo la votación de la Reforma Eléctrica enviada por el presidente de la República en un intento de recuperar la rectoría del mercado de la electricidad.

El proyecto de Reforma Constitucional fue enviado desde finales de 2021 y aunque se pensó que Morena trataría de llevarlo ante el pleno antes de concluir el año, se decidió postergarlo bajo el argumento de iniciar una serie de foros públicos para lograr consensos con otras fuerzas políticas.

Finalmente la iniciativa fue descongelada al cierre de marzo de 2022 por los líderes de Morena en San Lázaro y aunque no se conocía aún el contenido del dictamen, las comisiones unidas de Energía y Puntos Constitucionales programaron sesiones para darle trámite y llevarlo al pleno. De modo que el próximo domingo de resurrección podría ser decisivo para el futuro del sistema Eléctrico Mexicano, en caso de aprobarse en esta etapa legislativa.

Para los mexicanos no es extraño enterarse un día después que los Diputados o Senadores aprobaron en “fast track” leyes o reformas en sesiones de madrugada, o bien, que esos cambios al marco legal ocurrieron en medio de periodos vacacionales o hasta en sedes alternas del Congreso de la Unión.

En noviembre de 2019, la Cámara de Diputados se reunió en una sede alterna en Santa Fe, Ciudad de México, donde aprobó sin reservas el Presupuesto de Egresos de la Federación 2020. En aquella madrugada del día 22, Morena y sus aliados avalaron con 302 votos a favor un gasto del gobierno de Andrés Manuel López Obrador por encima de los 6 billones de pesos, sin que los 65 diputados en contra y una abstención, lograran realizar al menos un cambio, pues todas las reservas fueron desechadas.

Albazo de Morena en septiembre de 2021 por el Juicio Político
Apenas en el primer día de la nueva Legislatura Federal, los diputados aprobaron la nueva Ley de Juicio Político sin dictamen, con la dispensa de todos los trámites parlamentarios y con “urgencia y obvia resolución”.

En una sesión que se extendió hasta la madrugada, los recién estrenados legisladores de Morena, PVEM y PT lograron aprobar la iniciativa para expedir una nueva Ley Federal de Juicio Político y Declaración de Procedencia, la cual fue turnada al Senado.

Para los otros partidos políticos se trató de una revancha del oficialismo luego que no se logró el desafuero y detención del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, quien fue desaforado por la Cámara baja en su legislatura anterior.

El 15 de diciembre de 2017, el Senado aprobó la Ley de Seguridad Interior, sin tomar en consideración a las organizaciones de la sociedad civil ni a los organismos de defensa de los derechos humanos, nacionales e internacionales que presentaron observaciones y solicitaron ajustes.

En aquella legislatura el Partido Revolucionario Institucional (PRI) aún era la primera fuerza política del país y gobernaba Enrique Peña Nieto. Tras publicarse el Decreto el 21 de diciembre de 2017, se presentaron “14 controversias constitucionales, 9 acciones de inconstitucionalidad y 700 demandas de amparo” convirtiéndola en una de las leyes con más impugnaciones en la historia de México.