La Comisión Europea (CE) propuso este mediodía prohibir todos los productos confeccionados o cosechados a través de trabajo forzoso en el mercado de la Unión Europea (UE), tanto los fabricados en territorio comunitario para el consumo nacional y la exportación, como los importados.

La propuesta comunitaria, que no va dirigida a empresas o industrias concretas, pretende marcar una diferencia contra la “esclavitud moderna”, dijo en un comunicado el vicepresidente ejecutivo de la Comisión y responsable de Comercio, Valdis Dombrovskis.

Según datos de la CE, 27.6 millones de personas realizan trabajos forzados en el mundo, la mayor parte en la economía privada pero también por imposición de los estados.

“Nuestro objetivo es eliminar del mercado de la UE todos los productos fabricados con mano de obra forzada, independientemente de dónde se hayan fabricado”, apuntó Dombrovskis.

De acuerdo a la propuesta, las autoridades nacionales estarán facultadas para retirar del mercado de la UE los productos fabricados con trabajo forzoso tras llevar a cabo una investigación.

Basándose en diferentes fuentes de información, deberán identificar los riesgos de trabajo forzoso en determinados productos o áreas geográficas, así como la debida diligencia que deben llevar a cabo las empresas para evitar ese fenómeno.

En ese proceso, las autoridades nacionales iniciarán investigaciones de los productos sospechosos y podrán solicitar información a las empresas y realizar controles e inspecciones, incluso en países de fuera de la UE.

Si las autoridades nacionales descubren la existencia de trabajo forzado, ordenarán la retirada de los productos ya comercializados y prohibirán su comercialización y exportación, precisó la Comisión.

Europa propone vetar todo producto originario de trabajo forzoso
Además, se exigirá a las empresas que se deshagan de los productos y las autoridades aduaneras de los Estados miembros se encargarán de hacer cumplir la normativa en las fronteras de la UE.

En el caso de que las autoridades nacionales no logren reunir todas las pruebas necesarias debido a la falta de cooperación de una empresa o de una autoridad de un Estado no perteneciente a la UE, podrán tomar una decisión de acuerdo a los hechos disponibles.

Bruselas propone que las autoridades competentes evalúen los riesgos y apliquen proporcionalidad en todo el proceso, de manera, por ejemplo, que se tenga en cuenta la situación de las pymes.

Las pequeñas y medianas empresas no estarán exentas de la regulación, pero se beneficiarán de un diseño específico de la misma, de forma que se tendrán en cuenta el tamaño y los recursos de los operadores económicos afectados, así como la magnitud del riesgo de trabajo forzoso antes de iniciar una investigación formal.

Fuentes comunitarias explicaron que la regulación busca un “equilibrio” entre lo que pueden hacer las autoridades y las empresas.

Según dijeron, de los miles de millones de productos importados en la UE, “sólo una pequeña fracción estará efectivamente contaminada, digámoslo así, por el trabajo forzado”, por lo que cuentan también con la cooperación internacional con terceros países para detectar con eficacia los casos, subrayaron.

La Comisión tiene previsto publicar directrices en un plazo de 18 meses a partir de la entrada en vigor de este reglamento con orientaciones sobre la diligencia debida de las empresas en materia de trabajo forzoso, e información sobre los indicadores de riesgo.

Además, se impulsará una nueva red de productos de trabajo forzoso que servirá de plataforma para la coordinación y cooperación sobre este fenómeno entre las autoridades competentes y la Comisión.

A continuación, la propuesta deberá ser debatida y aprobada por el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión para poder entrar en vigor y, a partir de ese momento, se deberá aplicar en los siguientes 24 meses.