El diputado de Morena en el Congreso del Estado de Puebla, Andrés Villegas, presentó una iniciativa para tipificar el reclutamiento forzado como delito, con el fin de castigar de manera ejemplar a quienes obliguen a personas a integrarse a grupos delictivos. La propuesta establece que cuando las víctimas sean niñas, niños o adolescentes, las sanciones deberán ser aún más severas.

Como presidente de la Comisión de Seguridad en el Congreso, Villegas subrayó:
“El reclutamiento forzado es una de las peores formas de violencia. Atenta contra nuestras familias y rompe el tejido social. Nadie debería ser obligado a formar parte del crimen organizado, y mucho menos nuestras juventudes, que son el futuro de Puebla y de México”.

De acuerdo con la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), en los últimos años entre 30 mil y 40 mil menores han sido reclutados por grupos delictivos, y actualmente entre 145 mil y 200 mil más están en riesgo inminente de ser captados.

Las entidades con mayor peligro de reclutamiento son Jalisco, Estado de México, Puebla, Ciudad de México, Guanajuato, Nuevo León, Michoacán, Guerrero, Chihuahua y Tamaulipas.

En el caso específico de Puebla, estudios de 2020 estiman que entre 11 mil y 19 mil niñas, niños y adolescentes están en riesgo de ser incorporados por la delincuencia organizada, una realidad que refleja la urgencia de contar con un marco jurídico sólido.

Actualmente, en Puebla no existe una tipificación específica de este delito, lo que genera vacíos legales que impiden la aplicación de justicia efectiva. La iniciativa busca cerrar esa brecha y sentar un precedente que pueda ser homologado en todo el país, fortaleciendo la seguridad y protegiendo a toda la ciudadanía frente a esta grave amenaza.

Con esta propuesta, Puebla se perfila como estado pionero en la defensa de los derechos humanos frente al crimen organizado, enviando un mensaje claro: el reclutamiento forzado, en cualquiera de sus formas, no tendrá cabida en nuestra sociedad.

El legislador morenista hizo un llamado a las y los congresistas de otros estados, así como al Congreso de la Unión, a sumarse en un esfuerzo coordinado para que este delito sea reconocido y castigado en toda la República.

“Esta lucha no puede quedarse en un solo estado. Se trata de un compromiso nacional para garantizar justicia, proteger a nuestras juventudes y devolver la esperanza a miles de familias mexicanas”, puntualizó.