El Gobierno de México anunció que enviará al Congreso una iniciativa de reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) para crear un mecanismo que permita revisar si candidatos a cargos públicos tienen posibles vínculos con la delincuencia organizada.
La propuesta contempla la creación de una Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas, dependiente del Instituto Nacional Electoral (INE), la cual serviría como enlace entre partidos políticos y autoridades como la Fiscalía General de la República, la Unidad de Inteligencia Financiera, el Centro Nacional de Inteligencia y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
De acuerdo con la consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, los partidos podrán entregar voluntariamente listas de aspirantes para que las autoridades determinen si existe un “riesgo razonable” relacionado con actividades delictivas, sin revelar información de investigaciones en curso.
La medida busca que los institutos políticos cuenten con más elementos para decidir si registran o no determinadas candidaturas rumbo a las elecciones de 2027.
Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que la iniciativa surge ante casos recientes de presuntos vínculos entre autoridades municipales y grupos del crimen organizado, y aseguró que su administración mantendrá una política de cero impunidad.
